Reflexiones sobre la modificación de la Constitución

Reflexiones sobre la modificación de la Constitución

Existen otras medidas económicas y políticas que podían haberse empleado

JAVIER IVAN PRADA MORAL No deja de resultarnos sorprendente el hecho de que, oposición y Gobierno, en lo único que se han puesto de acuerdo conjuntamente sin fisuras en dos legislaturas haya sido en una reforma de la Constitución, que ninguno de ellos contemplaba en sus respectivos programas políticos, factor que consideramos fundamental para que hubiera sido convocada una consulta popular por medio de la cual el conjunto de los ciudadanos españoles hubieran podido decidir sobre este punto. No se trata de una cuestión baladí ni cotidiana del Congreso, sino de reformar nuestra propia Carta Magna, algo insólito desde la democracia, y que solo se ha llevado a cabo en una ocasión, por lo que se hace más que necesaria la convocatoria de un referéndum para dotar de legitimidad democrática a tan insigne decisión.

El gran problema frente al que nos encontramos es que en este caso no estamos hablando de la tramitación de una norma con rango de ley cualquiera, sino ante una reforma constitucional, y más concretamente, la limitación del déficit público estructural, circunstancia que afectará a las decisiones que puedan tomar los futuros gobiernos estatales y autonómicos en el apartado económico, mutilando su margen de maniobra, ya que con esta medida se impide el endeudamiento del Estado, lo que viene a significar una reducción, o en el peor de los casos, supresión de servicios sociales prestados por el Estado. Es una clara imposición indirecta del modelo económico neoliberal predominante, por parte de los organismos que han sido creados principalmente para este fin en concreto, como es el caso, entre otros, del FMI, que no quieren permitir que un país pueda desarrollar otro tipo de políticas económicas distintas a las de un capitalismo voraz y depredador, donde única y exclusivamente predomine la ley del más fuerte. Lo paradójico de esta situación es el hecho de que justamente ese modelo que quieren hacer imperar en el mundo para poder superar la crisis ha sido el responsable mismo de generarla.
Llegados a este punto, cabría recordar que existen otras medidas políticas, económicas y fiscales distintas a las empleadas en la actualidad en la UE, como las emprendidas por USA a finales de los años veinte a raíz de la crisis del «crack del 29». Estas no son otras más que las defendidas por el británico John Maynard Keynes para salir de la misma, que rápidamente fueron puestas en práctica por el presidente norteamericano de aquel entonces, Franklin Delano Roosevelt, lo que fue bautizado como el «New Deal».

Y es que es lógico que, en un contexto en el que el sector privado se encuentra totalmente estancado y parcialmente destruido, sea el Estado el que a través del gasto público fomente estímulos económicos por medio de la creación de empleo, obras públicas, etc, para que la propia crisis cese, y ya en tiempos futuros de bonanza económica sea el sector privado de nuevo quien coja el relevo en la locomotora del crecimiento, por lo tanto no solo es razonable, sino estrictamente necesario, el permitir el propio endeudamiento de un Estado para llevar a la práctica todo lo anteriormente expuesto.
A pesar del malestar despertado en la sociedad por la forma y el fondo de esta reforma, y de las discrepancias surgidas en las filas de partidos políticos que oficialmente han promovido y apoyado esta decisión, la disciplina de voto se ha vuelto a imponer sobre la capacidad de razonamiento y decisión de congresistas y senadores, demostrando una vez más la inexistencia de al menos un diez por ciento de responsabilidad en ambas Cámaras, lo que hubiera podido frenar este atropello a la democracia que lleva por nombre «Reforma de la Constitución».

 

Artículo publicado en La Opinión de Zamora, el 29 de Setiembre de 2011.